La suspensión del lanzamiento se llevó en virtud de los documentos presentados ante dicho juzgado por el representante de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), con el apoyo explícito de la Comisión Municipal de Atención a Personas en Riesgo de Desahucio del Ayuntamiento, según indicó un comunicado municipal. En concreto, la documentación que determinó esta decisión fue una providencia aportada por el Juzgado de lo Penal Nº 6 de Murcia, donde se reabrió un proceso judicial contra una empresa prestamista que fue denunciada por una veintena de personas de la Región, presuntamente estafadas, entre ellas Isabel Pérez.
Dicho proceso judicial se reabrió hace un año en el Juzgado de lo Penal Nº 6 y la propia Isabel indicó esta mañana que «seguro que lo voy a ganar». La mujer apostilló que la suspensión del alzamiento «es un paso más».
La suspensión es provisional, en orden a dar traslado al Ministerio Fiscal y a las partes para que formulen alegaciones, en orden a la existencia o no de prejudicialidad penal, según dicho comunicado.
Primero la concejal de Bienestar Social, Lola Vicente, por vía telefónica, y después Jesús Montoya, responsable de la OMIC, de manera presencial, fueron los encargados de comunicar a Isabel y a los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que el lanzamiento se había suspendido y, por tanto, la comisión judicial no acudiría a ejecutarlo.
Pese al anuncio de suspensión, los activistas de la PAH no se movieron desde la estrecha calle Atenza y siguieron con sus gritos en contra de los desahucios y de apoyo a Isabel, al tiempo que exhibieron diversas pancartas. La razón de su persistencia es que el documento no iba firmado por la juez del Juzgado número 5, por lo que decidieron mantener la concentración en la puerta de la casa de Isabel hasta que no se rubricara dicha firma. Al mediodía –cerca de las 13.00 horas- llegaba el documento firmado y los miembros de la PAH optaron por marcharse, pero «habrá que volver, esto no está resuelto», señaló una representante de este colectivo.
A la concentración, iniciada a primera hora de la mañana, acudió más de un centenar de activistas de la PAH no sólo de Molina, sino también de Murcia, San Javier, Lorquí, Las Torres de Cotillas y Yecla, además de representantes de otros colectivos, como los ‘yayos flautas’, y concejales de PSOE e IU Verdes. «No tengo palabras para definir lo que siento por tanta gente dando su apoyo», señaló emocionada Isabel.
Antecedentes
Hace algo más de siete años la mujer firmó letras de cambio con un prestamista, con unos tipos de interés abusivos que rozaban el 40 por ciento y, por problemas económicos se retrasó en varias letras. Aunque el prestamista – en connivencia con un abogado al que la mujer responsabiliza de su situación- le dijo que no procedería al embargo, sí traspasó el inmueble a una mercantil que, a su vez, la sacó a subasta, según la versión de la afectada.
No obstante, el prestamista y el abogado convencieron a la mujer –que admite que en aquel entonces no estaba bien psicológicamente y le detectaron una enfermedad en la vista- para que les vendiera la casa. Así ocurrió e Isabel pudo estar seis meses de alquiler gratuito en la vivienda hasta que en septiembre de 2006 la echaron, junto a su cuidadora. Luego estuvo dos años de alquiler y después se metió en la misma casa de «ocupa», según admitió.
«Salí libre, sin cárcel, pagando una multa de noventa euros durante tres meses», subrayó. Cuando estuvo ocupando la vivienda, intentaron echarla, pero ella misma les propuso alquilar, a lo que accedieron. La mujer pagó el alquiler hasta hace un año, pero dejó de abonar la cuota de 330 euros mensuales porque no podía hacerle frente debido a problemas económicos.
Las lágrimas de María Jesús
Casi a la misma hora que trascendía la suspensión del alzamiento a la vecina de la calle Atenza, María Jesús, una de las personas que acudió al llamamiento de la PAH, recibió en la puerta de la vivienda de Isabel la noticia de que había conseguido la dación en pago que tanto tiempo esperaba. La mujer derramó lágrimas de emoción tras meses de angustia. «Pasamos página y estoy libre para vivir y para dormir, que no es poco», señaló consternada.
Admitió que la noticia era «agridulce» porque, por un lado, ella y su marido –ambos en paro- se liberaban de una deuda de 80.000 euros, pero al mismo tiempo perdía su casa, «nuestro sueño». María Jesús explicó que durante siete años pagaron religiosamente sus cuotas a Deutsche Bank, pero hace tres años dejaron de hacerlo al perder los dos el trabajo. La entidad financiera les llegó a ofrecer una novación por 68, algo inviable, según la mujer.
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